El equipo jurídico de CIEM, liderado por Eduardo de Linares, consigue una importante sentencia del Juzgado de lo Social de Pontevedra, denegando una indemnización de 63.0000 € a una trabajadora que tras estabilizar como funcionaria y, por tanto, cesar en su puesto laboral, denunció al ayuntamiento por despido improcedente.
El juzgado asume que no ha habido ni ruptura en la relación (a pesar de cambiar de vínculo) ni perjuicio real, y que, por tanto, no cabe ningún tipo de indemnización. Jurisprudencia que servirá de aplicación a muchos casos de empleados que por estabilizar como funcionarios y a pesar de haberse inscritos de forma voluntaria, buscan un buen pellizco de dinero público. Indemnización y puesto de funcionario, hubiera sido ideal para el trabajador pero peligroso para el respeto al dinero público.
